Lo que debes de saber
- El Comité de la ONU encontró ‘indicios bien fundados’ de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México.
- Sheinbaum rechazó el informe, argumentando que analiza el periodo 2009-2016 y solo cuatro estados, por lo que ‘no tiene nada que ver con la 4T’.
- El informe señala una ‘colusión sistémica’ entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos con la aquiescencia del Estado.
- Una senadora de Morena reconoce la gravedad pero pide no desconocer los ‘esfuerzos institucionales’ de los últimos dos gobiernos.

El reloj de la impunidad: cuando la defensa es la antigüedad del crimen
La presidenta Claudia Sheinbaum salió al quite esta semana con un argumento que, visto de lejos, parece técnico, pero de cerca huele a escapatoria. Frente al demoledor informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que encontró «indicios bien fundados» de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, la mandataria optó por una táctica de distracción temporal. Según reporta El País, Sheinbaum matizó las conclusiones señalando que el estudio solo consideró cuatro estados y tomó como referencia los años 2009 a 2017. «Ya nada más (con) eso, es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo», sentenció. La lógica es peligrosa: el horror, si es suficientemente viejo, deja de ser responsabilidad del Estado presente. Es como si un edificio se estuviera cayendo a pedazos y la administración actual se lavara las manos porque los cimientos los puso el anterior. El problema, claro, es que la gente sigue viviendo adentro, y los escombros siguen acumulándose día con día.
Pero el informe de la ONU, lejos de ser un documento histórico, apunta a una realidad sistémica y vigente. El CED no solo habla de casos aislados; sostiene que existe una colusión sistémica entre las fuerzas de seguridad —en todos sus niveles— y los grupos delictivos, y que esto ocurre con la aquiescencia del Estado. Esta es una acusación de una gravedad extrema, que va más allá de un sexenio o de una administración. Implica que el mecanismo mismo del Estado, en su interacción con el crimen, está podrido. Sheinbaum, en su respuesta recogida por La Jornada, intentó redefinir el concepto, argumentando que la desaparición forzada es aquella que proviene de las instituciones «por motivos principalmente políticos», insinuando que la violencia criminal actual no calza en esa definición. Sin embargo, el informe de la ONU precisamente desdibuja esa línea, mostrando cómo el Estado, al permitir o ser cómplice, convierte la violencia criminal en un instrumento de control social. No es un problema del pasado; es la arquitectura del presente.
«Es hablar, también, de una deuda histórica con miles de familias que viven entre la esperanza y la angustia, de madres que buscan con sus propias manos, de padres que no dejan de preguntar y de ausencias que nunca debieron existir.»
Mientras la respuesta oficial se centraba en cuestionar la metodología, desde el propio partido en el poder surgió un tono ligeramente distinto, aunque igualmente defensivo. La senadora morenista Guadalupe Chavira, en un comunicado publicado en el sitio oficial del Senado de Morena, admitió que «sería irresponsable negar la verdad y gravedad del problema». Reconoció la herida abierta que son las desapariciones, una que «no deja de sangrar». Sin embargo, rápidamente pivotó hacia el reconocimiento de los «esfuerzos institucionales» y el «cambio de enfoque» desde la llegada de la Cuarta Transformación: «Del abandono al reconocimiento del problema, de la indiferencia a la construcción institucional». Es el clásico guion de la narrativa oficial: sí, el problema es grave y viejo, pero nosotros somos los que por fin lo estamos atendiendo. El mensaje es de transición y esfuerzo, en contraste con la negación frontal de la responsabilidad estatal que implica el informe internacional.

La ONU no se deja y pone el dedo donde más duele
La pelota, sin embargo, no quedó en la cancha del gobierno. El Comité de la ONU respondió de inmediato a las críticas, como documenta otra nota de La Jornada. Lejos de retractarse, redobló la apuesta y llamó al Estado mexicano a priorizar a las víctimas y fortalecer la prevención. La reacción no fue un «ah, tienes razón, son datos viejos», sino un recordatorio de que la obligación del Estado es universal e intemporal cuando se trata de crímenes de esta magnitud. El Comité incluso solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remitiera la situación urgentemente a la Asamblea General, un movimiento que eleva la presión a un nivel diplomático mucho más alto y embarazoso. Esto ya no es un debate académico sobre períodos de estudio; es una señal de alarma encendida en el foro multilateral más importante del mundo, que cuestiona la capacidad y la voluntad del Estado mexicano para proteger a sus ciudadanos.
Aquí es donde el análisis electoral se pone interesante. Sheinbaum, en plena carrera hacia la reelección en 2027, enfrenta un dilema brutal. Por un lado, no puede admitir una falla estructural de esta envergadura en su gestión y en la de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. El relato de la «Cuarta Transformación» se construyó sobre la idea de un cambio radical, de un «ya no más» a las prácticas del viejo régimen. Admitir que el Estado sigue siendo cómplice de crímenes de lesa humanidad, aunque sea por omisión o colusión, dinamita ese relato. Por eso la respuesta fue atacar la fuente, minimizar el alcance y cambiar el tema al calendario. Pero, por otro lado, las víctimas y sus familias, y una comunidad internacional cada vez más impaciente, no se alimentan de relatos. Se alimentan de justicia, de verdad y de hallazgos. La pregunta incómoda que flota en el aire es: ¿de qué sirve un «cambio de enfoque» si las fosas siguen creciendo y la colusión entre autoridades y criminales sigue siendo «sistémica», como dice la ONU? La senadora Chavira habla de «herramientas más serias», pero el informe sugiere que el problema no es la falta de herramientas, sino la podredumbre en los cimientos donde esas herramientas se supone que deben aplicarse. Al final, el tiempo político de Sheinbaum puede medirse en años, pero el tiempo del dolor de las familias se mide en décadas de espera, y ese reloj no se detiene con argumentos técnicos.
Fuentes consultadas:
- Jornada – Informe de desaparecidos de la ONU se rechazó porque cifras correspondían a un análisis de 2009 a 2016: Sheinbaum
- Elpais – Sheinbaum matiza el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: “No tiene nada que ver con la 4T” | EL PAÍS México
- Jornada – Comité contra desaparición de la ONU responde a gobierno mexicano y llama a priorizar a las víctimas
- Morena Senado Gob – Ante la crisis por desapariciones, se han profundizado esfuerzos para resolverla: Guadalupe Chavira


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