Lo que debes de saber
- El comité de la ONU encontró indicios de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México.
- El gobierno de Sheinbaum rechazó el informe, calificándolo de ‘parcial’ y ‘sesgado’.
- México concentra el 38% de las acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial.
- La respuesta oficial argumenta que el informe se enfoca en hechos de administraciones pasadas (2009-2017).
El grito internacional que México no quiere escuchar
La cifra es un golpe seco: 133,000 personas desaparecidas sin resolver en México. Esa es la dimensión de la crisis que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) decidió que ya no puede ser un asunto interno. Según reporta El País, el organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo de emergencia, para solicitar al secretario general António Guterres que lleve el caso a la Asamblea General de la ONU. No es una recomendación más; es un llamado de atención máximo, una señal de que la comunidad internacional ve un patrón de violaciones graves y sistemáticas. La base de la decisión es contundente: el comité concluye que la información recibida contiene «indicios bien fundados» de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esto ya no es hablar de delitos aislados o de la violencia del crimen organizado; es señalar una maquinaria de terror donde, según el informe, actores estatales tienen un papel directo o indirecto.
La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar, pero en lugar de abordar el fondo del señalamiento, optó por atacar al mensajero. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazaron el informe, tachándolo de «tendencioso», «parcial» y «sesgado». El Financiero documenta que la crítica oficial se centra en que el documento «omite los esfuerzos institucionales» de la administración de Claudia Sheinbaum y se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El argumento es político: ‘eso fue antes, nosotros somos diferentes’. Sin embargo, ese mismo argumento choca de frente con otro dato duro del informe: entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, en pleno gobierno de Sheinbaum, México sumó 40 nuevas acciones urgentes ante el comité, lo que representa más de un tercio del total mundial en ese periodo de cinco meses. La crisis no es un fantasma del pasado; tiene un pulso muy presente.
«Siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales», reza el documento del comité citado por El País.
El informe no se queda en generalidades. Pone el dedo en la llaga con casos concretos que ejemplifican la colusión y la impunidad. Menciona, por ejemplo, el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado identificado por colectivos de buscadores. La investigación de la Fiscalía de Jalisco sobre este lugar, según la ONU, ha estado «plagada de omisiones y negligencias forenses». Este patrón de investigaciones deficientes o simuladas es justo lo que alimenta la máquina de la desaparición: la certeza de que no habrá consecuencias. Cuando las instituciones diseñadas para buscar justicia se convierten, por acción u omisión, en parte del problema, la desesperación de las familias buscadoras se multiplica. No es solo la ausencia de sus seres queridos; es la lucha contra un Estado que, en muchos casos, parece más interesado en proteger su imagen que en destapar fosas.
Las cifras que no mienten y la narrativa que intenta torcerlas
Más allá de la retórica oficial, los números pintan un panorama desolador que ningún comunicado de prensa puede maquillar. México acumula 819 acciones urgentes ante el CED entre 2012 y febrero de 2026. Esto representa el 38% del total global, según los datos recopilados por El Financiero. Ser el país que concentra más de un tercio de estas alertas de máxima prioridad en el mundo no es una estadística menor; es un indicador brutal de la magnitud y la persistencia de la emergencia. La respuesta del gobierno mexicano, en cambio, se ancla en una sutileza legal del informe: señala que el propio documento reconoce que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos». Usan esta línea para argumentar que la situación actual es «diferente a la de periodos anteriores». Es un juego peligroso: celebrar que no se evidencia una política explícita desde Los Pinos, mientras se ignoran los miles de casos donde la colusión de autoridades locales y estatales con el crimen es el modus operandi. La desaparición forzada no necesita un memorándum presidencial para existir; le basta con la complicidad silenciosa y la impunidad garantizada.
El verdadero conflicto aquí no es entre México y la ONU. El conflicto real es entre la frialdad de las cifras internacionales y el relato oficial de un gobierno que se presenta como transformador. Es entre la urgencia de las madres que escarban la tierra con sus propias manos y la lentitud burocrática de las fiscalías. Llevar el caso a la Asamblea General de la ONU significa exponerlo a la mirada de 193 países, someterlo a un escrutinio del que ya no se podrá salir con un boletín de prensa airado. La pregunta incómoda que queda flotando es: si los «esfuerzos institucionales» de los que habla el gobierno son tan robustos, ¿por qué las cifras siguen creciendo? ¿Por qué los colectivos de búsqueda siguen siendo, en la práctica, la primera y a veces única línea de investigación? La bronca contra la ONU suena hueca cuando afuera de las oficinas de la SRE la cuenta no para de crecer. Cada número en ese informe es una familia rota, una historia interrumpida, una búsqueda que no cesa. Y 133,000 es un número que, por más que se le quiera poner un asterisco político, grita demasiado fuerte como para ignorarlo.
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