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El round: soberanía vs. secretismo

El viernes 24 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum soltó una bomba: el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al permitir la presencia y operación de agentes de la CIA en el estado sin la autorización del gobierno federal. Según reporta La Jornada, Sheinbaum fue tajante: «Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad; aceptó agentes de EU». La acusación no es menor: toca el nervio más sensible de la relación bilateral, justo cuando el tema de la soberanía está en el centro del debate público.

Pero la historia no es un monólogo. Horas después, Maru Campos respondió. No con un contraataque, sino con una maniobra que muchos leerán como un intento de apagar el fuego. La gobernadora anunció la creación de una unidad especializada para investigar los hechos relacionados con la muerte de dos agentes de la CIA en el estado, según informó El Universal. Además, descartó dar declaraciones durante el proceso. O sea: se encierra en el silencio mientras el gobierno federal la señala con el dedo.

«Como dice la Presidenta, debemos trabajar por la integridad soberana de México», declaró Campos, según La Jornada, tras reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El dato que incomoda: ¿Sheinbaum sabía?

Aquí el asunto se pone más turbio. Mientras Sheinbaum acusa a Chihuahua de violar la ley, desde Washington llega una versión que pone en entredicho su propia narrativa. El congresista republicano Michael McCaul afirmó que Claudia Sheinbaum sí sabía de las operaciones de la CIA en México, contradiciendo directamente su postura pública. La declaración fue recogida por Yahoo Noticias en un video de la agencia EL UNIVERSAL. Si esto es cierto, el discurso de la soberanía violada se convierte en un acto de doble moral: por un lado se castiga a un estado por lo que la propia Federación habría autorizado en secreto.

La pregunta que flota en el aire es: ¿quién dice la verdad? Porque si Sheinbaum sabía, su acusación contra Chihuahua es, cuando menos, selectiva. Y si no sabía, entonces el problema es de inteligencia y coordinación entre niveles de gobierno. En cualquier escenario, el resultado es el mismo: un boquete en la credibilidad institucional.

La respuesta de Campos: unidad especial, pero sin declaraciones

Maru Campos no se quedó callada, pero tampoco dio la cara del todo. Anunció la creación de una unidad especial para investigar el caso, pero descartó dar declaraciones durante el proceso. Es decir, promete transparencia pero se niega a hablar. Una contradicción que no pasa desapercibida. La gobernadora ofreció «mejorar la comunicación» con el gobierno federal, pero el gesto llega después de que la presidenta la acusara públicamente de violar la Constitución. El daño político ya está hecho.

Lo que está en juego no es solo la relación entre Chihuahua y la Federación, sino el modelo mismo de seguridad en México. Si un estado puede negociar en secreto con agencias extranjeras, ¿dónde queda el control federal? Y si la Federación lo sabía y lo permitió, ¿dónde queda la coherencia del discurso oficial? El caso de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua no es un incidente aislado: es una ventana a cómo se maneja realmente la seguridad en este país, lejos de los reflectores y los discursos.

Mientras tanto, el congresista McCaul sigue soltando declaraciones que ponen más presión sobre Sheinbaum. La versión de que la presidenta sabía de las operaciones de la CIA no es un rumor de pasillo; viene de un legislador estadounidense con acceso a información clasificada. Si la Casa Blanca no lo desmiente, el silencio hablará más fuerte que cualquier comunicado oficial.

Fuentes consultadas:

• Jornada – Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad; aceptó agentes de EU: Sheinbaum
• Jornada – Como dice la Presidenta, debemos trabajar por la integridad soberana de México: Maru Campos
• Eluniversal – Maru Campos anuncia creación de unidad para investigar caso de agentes de la CIA; descarta dar declaraciones durante proceso
• Es Us Noticias Yahoo – «Sheinbaum sí sabía de operación de la CIA en México»: congresista de EU – Yahoo Noticias

El reloj de la impunidad: cuando la defensa es la antigüedad del crimen

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al quite esta semana con un argumento que, visto de lejos, parece técnico, pero de cerca huele a escapatoria. Frente al demoledor informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que encontró «indicios bien fundados» de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, la mandataria optó por una táctica de distracción temporal. Según reporta El País, Sheinbaum matizó las conclusiones señalando que el estudio solo consideró cuatro estados y tomó como referencia los años 2009 a 2017. «Ya nada más (con) eso, es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo», sentenció. La lógica es peligrosa: el horror, si es suficientemente viejo, deja de ser responsabilidad del Estado presente. Es como si un edificio se estuviera cayendo a pedazos y la administración actual se lavara las manos porque los cimientos los puso el anterior. El problema, claro, es que la gente sigue viviendo adentro, y los escombros siguen acumulándose día con día.

Pero el informe de la ONU, lejos de ser un documento histórico, apunta a una realidad sistémica y vigente. El CED no solo habla de casos aislados; sostiene que existe una colusión sistémica entre las fuerzas de seguridad —en todos sus niveles— y los grupos delictivos, y que esto ocurre con la aquiescencia del Estado. Esta es una acusación de una gravedad extrema, que va más allá de un sexenio o de una administración. Implica que el mecanismo mismo del Estado, en su interacción con el crimen, está podrido. Sheinbaum, en su respuesta recogida por La Jornada, intentó redefinir el concepto, argumentando que la desaparición forzada es aquella que proviene de las instituciones «por motivos principalmente políticos», insinuando que la violencia criminal actual no calza en esa definición. Sin embargo, el informe de la ONU precisamente desdibuja esa línea, mostrando cómo el Estado, al permitir o ser cómplice, convierte la violencia criminal en un instrumento de control social. No es un problema del pasado; es la arquitectura del presente.

«Es hablar, también, de una deuda histórica con miles de familias que viven entre la esperanza y la angustia, de madres que buscan con sus propias manos, de padres que no dejan de preguntar y de ausencias que nunca debieron existir.»

Mientras la respuesta oficial se centraba en cuestionar la metodología, desde el propio partido en el poder surgió un tono ligeramente distinto, aunque igualmente defensivo. La senadora morenista Guadalupe Chavira, en un comunicado publicado en el sitio oficial del Senado de Morena, admitió que «sería irresponsable negar la verdad y gravedad del problema». Reconoció la herida abierta que son las desapariciones, una que «no deja de sangrar». Sin embargo, rápidamente pivotó hacia el reconocimiento de los «esfuerzos institucionales» y el «cambio de enfoque» desde la llegada de la Cuarta Transformación: «Del abandono al reconocimiento del problema, de la indiferencia a la construcción institucional». Es el clásico guion de la narrativa oficial: sí, el problema es grave y viejo, pero nosotros somos los que por fin lo estamos atendiendo. El mensaje es de transición y esfuerzo, en contraste con la negación frontal de la responsabilidad estatal que implica el informe internacional.

La ONU no se deja y pone el dedo donde más duele

La pelota, sin embargo, no quedó en la cancha del gobierno. El Comité de la ONU respondió de inmediato a las críticas, como documenta otra nota de La Jornada. Lejos de retractarse, redobló la apuesta y llamó al Estado mexicano a priorizar a las víctimas y fortalecer la prevención. La reacción no fue un «ah, tienes razón, son datos viejos», sino un recordatorio de que la obligación del Estado es universal e intemporal cuando se trata de crímenes de esta magnitud. El Comité incluso solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remitiera la situación urgentemente a la Asamblea General, un movimiento que eleva la presión a un nivel diplomático mucho más alto y embarazoso. Esto ya no es un debate académico sobre períodos de estudio; es una señal de alarma encendida en el foro multilateral más importante del mundo, que cuestiona la capacidad y la voluntad del Estado mexicano para proteger a sus ciudadanos.

Aquí es donde el análisis electoral se pone interesante. Sheinbaum, en plena carrera hacia la reelección en 2027, enfrenta un dilema brutal. Por un lado, no puede admitir una falla estructural de esta envergadura en su gestión y en la de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. El relato de la «Cuarta Transformación» se construyó sobre la idea de un cambio radical, de un «ya no más» a las prácticas del viejo régimen. Admitir que el Estado sigue siendo cómplice de crímenes de lesa humanidad, aunque sea por omisión o colusión, dinamita ese relato. Por eso la respuesta fue atacar la fuente, minimizar el alcance y cambiar el tema al calendario. Pero, por otro lado, las víctimas y sus familias, y una comunidad internacional cada vez más impaciente, no se alimentan de relatos. Se alimentan de justicia, de verdad y de hallazgos. La pregunta incómoda que flota en el aire es: ¿de qué sirve un «cambio de enfoque» si las fosas siguen creciendo y la colusión entre autoridades y criminales sigue siendo «sistémica», como dice la ONU? La senadora Chavira habla de «herramientas más serias», pero el informe sugiere que el problema no es la falta de herramientas, sino la podredumbre en los cimientos donde esas herramientas se supone que deben aplicarse. Al final, el tiempo político de Sheinbaum puede medirse en años, pero el tiempo del dolor de las familias se mide en décadas de espera, y ese reloj no se detiene con argumentos técnicos.

Fuentes consultadas:

• Jornada – Informe de desaparecidos de la ONU se rechazó porque cifras correspondían a un análisis de 2009 a 2016: Sheinbaum
• Elpais – Sheinbaum matiza el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: “No tiene nada que ver con la 4T” | EL PAÍS México
• Jornada – Comité contra desaparición de la ONU responde a gobierno mexicano y llama a priorizar a las víctimas
• Morena Senado Gob – Ante la crisis por desapariciones, se han profundizado esfuerzos para resolverla: Guadalupe Chavira

El grito internacional que México no quiere escuchar

La cifra es un golpe seco: 133,000 personas desaparecidas sin resolver en México. Esa es la dimensión de la crisis que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) decidió que ya no puede ser un asunto interno. Según reporta El País, el organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo de emergencia, para solicitar al secretario general António Guterres que lleve el caso a la Asamblea General de la ONU. No es una recomendación más; es un llamado de atención máximo, una señal de que la comunidad internacional ve un patrón de violaciones graves y sistemáticas. La base de la decisión es contundente: el comité concluye que la información recibida contiene «indicios bien fundados» de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esto ya no es hablar de delitos aislados o de la violencia del crimen organizado; es señalar una maquinaria de terror donde, según el informe, actores estatales tienen un papel directo o indirecto.

La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar, pero en lugar de abordar el fondo del señalamiento, optó por atacar al mensajero. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazaron el informe, tachándolo de «tendencioso», «parcial» y «sesgado». El Financiero documenta que la crítica oficial se centra en que el documento «omite los esfuerzos institucionales» de la administración de Claudia Sheinbaum y se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El argumento es político: ‘eso fue antes, nosotros somos diferentes’. Sin embargo, ese mismo argumento choca de frente con otro dato duro del informe: entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, en pleno gobierno de Sheinbaum, México sumó 40 nuevas acciones urgentes ante el comité, lo que representa más de un tercio del total mundial en ese periodo de cinco meses. La crisis no es un fantasma del pasado; tiene un pulso muy presente.

«Siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales», reza el documento del comité citado por El País.

El informe no se queda en generalidades. Pone el dedo en la llaga con casos concretos que ejemplifican la colusión y la impunidad. Menciona, por ejemplo, el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado identificado por colectivos de buscadores. La investigación de la Fiscalía de Jalisco sobre este lugar, según la ONU, ha estado «plagada de omisiones y negligencias forenses». Este patrón de investigaciones deficientes o simuladas es justo lo que alimenta la máquina de la desaparición: la certeza de que no habrá consecuencias. Cuando las instituciones diseñadas para buscar justicia se convierten, por acción u omisión, en parte del problema, la desesperación de las familias buscadoras se multiplica. No es solo la ausencia de sus seres queridos; es la lucha contra un Estado que, en muchos casos, parece más interesado en proteger su imagen que en destapar fosas.

Las cifras que no mienten y la narrativa que intenta torcerlas

Más allá de la retórica oficial, los números pintan un panorama desolador que ningún comunicado de prensa puede maquillar. México acumula 819 acciones urgentes ante el CED entre 2012 y febrero de 2026. Esto representa el 38% del total global, según los datos recopilados por El Financiero. Ser el país que concentra más de un tercio de estas alertas de máxima prioridad en el mundo no es una estadística menor; es un indicador brutal de la magnitud y la persistencia de la emergencia. La respuesta del gobierno mexicano, en cambio, se ancla en una sutileza legal del informe: señala que el propio documento reconoce que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos». Usan esta línea para argumentar que la situación actual es «diferente a la de periodos anteriores». Es un juego peligroso: celebrar que no se evidencia una política explícita desde Los Pinos, mientras se ignoran los miles de casos donde la colusión de autoridades locales y estatales con el crimen es el modus operandi. La desaparición forzada no necesita un memorándum presidencial para existir; le basta con la complicidad silenciosa y la impunidad garantizada.

El verdadero conflicto aquí no es entre México y la ONU. El conflicto real es entre la frialdad de las cifras internacionales y el relato oficial de un gobierno que se presenta como transformador. Es entre la urgencia de las madres que escarban la tierra con sus propias manos y la lentitud burocrática de las fiscalías. Llevar el caso a la Asamblea General de la ONU significa exponerlo a la mirada de 193 países, someterlo a un escrutinio del que ya no se podrá salir con un boletín de prensa airado. La pregunta incómoda que queda flotando es: si los «esfuerzos institucionales» de los que habla el gobierno son tan robustos, ¿por qué las cifras siguen creciendo? ¿Por qué los colectivos de búsqueda siguen siendo, en la práctica, la primera y a veces única línea de investigación? La bronca contra la ONU suena hueca cuando afuera de las oficinas de la SRE la cuenta no para de crecer. Cada número en ese informe es una familia rota, una historia interrumpida, una búsqueda que no cesa. Y 133,000 es un número que, por más que se le quiera poner un asterisco político, grita demasiado fuerte como para ignorarlo.

Fuentes consultadas:

• Elpais – El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar la crisis de México a la Asamblea General | EL PAÍS México
• Elfinanciero – México ‘le echa bronca’ a la ONU por informe sobre personas desaparecidas: ‘Es tendencioso y parcial’